El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva promulgó, con vetos, la Ley 15.182/25, que moderniza y simplifica el proceso de otorgamiento y renovación de licencias para emisoras de radio y televisión en Brasil. La nueva legislación se publicó en el Diario Oficial de la Unión el útimo jueves (31 de julio).
La ley tiene su origen en el Proyecto de Ley 2352/23, de la diputada Cezinha de Madureira (PSD-SP), y aporta importantes avances al sector. Entre sus principales puntos, la nueva ley exime del requisito de renovar las licencias técnicas con cada prórroga y facilita la transferencia de concesiones o permisos entre emisoras, siempre que el proceso de renovación ya esté en marcha.
Otro punto destacado de la nueva legislación es la inclusión obligatoria de funciones de accesibilidad, como subtítulos y audiodescripción, en los programas emitidos por las cadenas de televisión y sus repetidoras. La publicidad comercial también puede incluir estas funciones, sin que las emisoras sean responsables del contenido del material publicitario.
Vetos del Ejecutivo
A pesar de la sanción, el presidente vetó nueve disposiciones del texto aprobado por el Congreso. Entre los vetos se encontraban las secciones que autorizaban cambios en las características técnicas de las emisoras, como la ampliación de las áreas de cobertura y la potencia de la señal transmitida.
Según el Ejecutivo, estos cambios «contradicen el interés público al prever la inclusión de cuestiones regulatorias ya adecuadamente reguladas por normas sublegales». El gobierno considera que la propuesta comprometería la flexibilidad regulatoria e impactaría negativamente la evolución tecnológica del sector de las telecomunicaciones.
Otro punto vetado fue la disposición sobre la renovación automática de las concesiones basada en el simple cumplimiento contractual. El Ejecutivo considera que esto eliminaría el análisis de viabilidad técnica e interés público, lo que debilitaría la alineación de los servicios con las necesidades públicas.
También se vetó la derogación de la norma que permite a las emisoras continuar operando temporalmente en casos de perención, cuando la concesión se declara rescindida por incumplimiento de los requisitos legales. El proyecto de ley original eliminaba esta posibilidad, pero el gobierno argumentó que esto crearía un vacío legal en los procesos de renovación inoportunos.
Además, Lula vetó la inclusión de un artículo en la Ley 5.785/72 que habría permitido la reevaluación de solicitudes de renovación previamente denegadas. Según el Ejecutivo, la propuesta amenazaba la estabilidad jurídica y podría comprometer el marco regulatorio del sector. Finalmente, se rechazaron las propuestas para derogar las regulaciones relacionadas con la radiodifusión comunitaria. El gobierno justificó el veto como necesario para «preservar la continuidad de los servicios públicos de radiodifusión, especialmente en regiones remotas o con cobertura mediática limitada».
